Las entidades gestoras desarrollarán su actividad en régimen descentralizado, en los diferentes ámbitos territoriales. Los centros asistenciales de las entidades gestoras podrán ser gestionados y administrados por las entidades locales. Se faculta al Gobierno para regular la participación en la gestión de la Seguridad Social, que se materializará en participar en el control y vigilancia de la gestión de las entidades gestoras. Se efectuará tal actividad controladora de forma gradual, desde el nivel estatal al local; y se verificará por órganos en los que figurarán, fundamentalmente, y por partes iguales, representantes de los distintos sindicatos, de las organizaciones empresariales y de la Administración Pública.
