El fuerte endeudamiento hipotecario de las familias españolas, la desaceleración económica y la subida de los precios, entre otras causas, han hecho saltar la voz de alarma entre los expertos. El aumento de la morosidad, provocado por las subidas del Euribor, es ya un hecho innegable. Cualquier ciudadano en situación de insolvencia puede solicitar un concurso de acreedores, pero lo cierto es que la Ley Concursal no está pensada para el consumidor de a pie, sobreendeudado y en situación de riesgo. ¿Qué es un concurso de acreedores?
Es un procedimiento judicial, regulado en la Ley Concursal de 9 de julio de 2003 (Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal) , con el que se pretende salvar a las empresas y comerciantes en situación de insolvencia. Se hace mediante un acuerdo con los acreedores sobre el pago de las deudas. Tiene una doble finalidad: Que los acreedores cobren sus deudas, aunque no sea en los plazos convenidos en un primer momento, ni en su totalidad. Evitar la liquidación de la empresa y preservar su actividad. No siempre se consigue, en cuyo caso se procede a la liquidación de la empresa para pagar a los acreedores. ¿Es sólo para las empresas? Cualquier persona (natural o jurídica) que se encuentre en situación de insolvencia y no pueda cumplir con sus obligaciones puede solicitarlo al juzgado de lo mercantil. También sus acreedores pueden solicitarlo. ¿Qué hay que hacer? Contratar un abogado. Conviene tener en cuenta que es un procedimiento costoso.
La ley no está pensada para proteger la vivienda familiar, pero puede preservar la del profesional que ejerza su actividad en su domicilio
Si se presenta una solicitud de declaración de concurso de acreedores, hay que justificar ante el juez el endeudamiento y estado de insolvencia, que puede ser actual o inminente. Será inminente cuando se prevea el incumplimiento de manera regular y puntual con todas sus obligaciones.
¿Para qué le sirve al deudor?
Para intentar lograr un convenio con los acreedores y -en el caso de los negocios- asegurar la continuidad de la actividad empresarial, o para liquidar la empresa. En el convenio se incluye un plan de pagos y otro de viabilidad. También puede incluir reducciones de las deudas de hasta el 50% y compromiso de demorar el pago hasta cinco años (esto último para los créditos ordinarios).
Otra ventaja es que, una vez que se haya declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones judiciales ni extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. Esto no afecta a las hipotecas, la principal causa de la quiebra de las personas físicas.
¿Protege la vivienda familiar?
La ley no está creada, en general, para proteger la vivienda familiar del consumidor sobreendeudado, aunque puede preservar la del profesional liberal o autónomo que ejerza su actividad en su domicilio.
La normativa prohíbe iniciar procedimientos judiciales de ejecución sobre los bienes del concursado. Con ello se evita que un acreedor pueda satisfacer su crédito mediante el embargo de los bienes del deudor, en detrimento de los demás. Porque la esencia de la ley es el pago a todos los acreedores conforme a la clasificación legal de sus créditos, de manera ordenada.
La esencia de la ley es el pago a todos los acreedores conforme a la clasificación legal de sus créditos, de manera ordenada
Pero esta prohibición no afecta a las entidades, bancos y cajas, que tienen garantizado su crédito con hipoteca, con garantía real, y que pueden iniciar o continuar con la ejecución hipotecaria sobre la...